UNICA inicia ciclo de conferencias: VENEZUELA EN URGENCIAS: EL PERIODISMO NECESARIO

Este miércoles, 22 de junio, los periodistas Jesús Urbina, coordinador en el Zulia de la organización Transparencia Venezuela y el periodista Raúl Semprum, del diario Versión Final, estarán conversando con nuestros estudiantes sobre las dificultades que actualmente enfrenta el periodista venezolano para obtener información oficial de las fuentes del Estado y del Proyecto de ley de acceso a la información pública, aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional.

La conferencia Información Pública: exigencia ciudadana y responsabilidad del Estado es la primera actividad de la programación prevista por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNICA con motivo del Día del Periodista –que se celebra el próximo 27 de junio– titulada Venezuela en urgencias: el periodismo necesario.

La segunda conferencia tendrá lugar el próximo 8 de julio, día de culminación de las actividades académicas del Primer Lapso de 2016 de la Universidad. En esa oportunidad la Facultad tendrá como invitado al periodista César Batiz, del equipo de El Pitazo.com, fundador de Poderopedia y ganador del premio de Periodismo de la Fundación Gabriel García Márquez.

Batiz ha sido invitado para compartir sus experiencias en la cobertura periodísticas y los retos que supone en nuestro país investigar y profundizar en la información. La cita es el 8 de julio, 10 de la mañana en el aula C-1.

El Estado está obligado a informar sobre su gestión

El Proyecto de ley de acceso a la información pública define una relación abierta y transparente que debe existir entre el Estado y los ciudadanos. El concepto fundamental del instrumento es el de transparencia activa, “toda la información debe estar disponible sin que los ciudadanos vayamos a solicitarla”.

De esta manera, el proceso democrático de rendición de cuentas exhaustiva y de calidad implica la presentación permanente de los resultados de la gestión sobre recursos, asuntos y servicios y temas de interés público, siendo el elemento básico, primario e imprescindible en la lucha contra la corrupción, contra la violación de derechos humanos y contra la impunidad.

El texto legal contiene nueve títulos, los cuales desarrollan disposiciones generales; los sujetos obligados; definiciones de tipos de información; excepciones al acceso a la información pública; atribuciones del Consejo para la Transparencia; procedimientos administrativos para solicitar información; clasificación de la información; procedimiento ante el Consejo para la Transparencia; sanciones a quienes obstaculicen el ejercicio del derecho y las obligaciones de publicación proactiva de las instituciones públicas.

La ley incluye todos los órganos del poder público nacional y local, las organizaciones con fines electorales y políticos, incluye los consejos comunales y las comunas. También se han incluyeron a las organizaciones privadas que reciban recursos públicos, es un manejo de lo público como parte de todo.

Es por ello que toda persona deberá tener el derecho de recurrir cualquier negativa u obstrucción al acceso a la información ante un órgano garante del cumplimiento de esta ley, el cual se crea con esta ley con el nombre de Consejo para la Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública, garantizando plazos de mayor celeridad y efectividad.

Esta ley también vela por la debida protección de la información personal en poder del sector público o privado, garantizando el derecho a la privacidad. La facultad dirimir las controversias entre derechos queda en manos del órgano garante, bajo las premisas establecidas en esta ley.

De igual manera se establecen excepciones al derecho de acceso a la información, en lo que se refiere a la seguridad y defensa nacional y a la investigación criminal o judiciales, de conformidad con el artículo 143 de la Constitución Nacional, partiendo siempre del principio de que las excepciones son estrictamente limitadas y deben aplicarse siempre en razón de lo más conveniente para una sociedad democrática. El consejo para transparencia, órgano garante de la normativa adscrito a la Contraloría General de la República, que será el responsable de definir los límites para la reserva de la información.

Un título del proyecto es dedicado especialmente a las sanciones que serán aplicadas a los funcionarios públicos y personas que se nieguen a otorgar la información pública. Estas sanciones incluyen multas, suspensión de funciones, destitución del cargo e incluso prisión. Cualquier información concerniente a Derechos Humanos debe desclasificarse inmediatamente

Finalmente, se hace énfasis en la obligación de las instituciones de publicar de forma proactiva información pública en sus páginas web.

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